Blog Voota

Imagínate esta situación. Todos los meses le das un dinero a un gestor (al que pagas, claro) para que te lo invierta. Confías en él pero un día, por cualquier circunstancia, decides saber en qué está gastando el dinero. Tu gestor te mira con el gesto torcido. ¿Para qué?, te pregunta.

Tú le devuelves el gesto torcido. ¿Cómo que para qué?, te dices. Es tu dinero, no tienes que justificar para qué necesitas saberlo. Se lo explicas y aunque parece entenderlo te contesta que ¡uy!, esa es una información que le encantaría darte pero que no puede, que es muuuy complicado.

Ante la negativa continuada de tu gestor vas a informarte de hasta qué punto tiene derecho a negarte información que consideras tuya. La respuesta te deja aún más sorprendido: no existe una ley que lo regule.

¿Parece absurdo, no? Pues si cambiamos al protagonista por cualquier ciudadano y al sibilino gestor por el Estado, la situación es real. Trístemente real. Muchas peticiones de información de los ciudadanos a la Administración (paradójica etimología de la palabra) acaban en nada tras largas y engorrosas gestiones.

Voota lo ha vivido en sus carnes cuando hemos pedido la lista de concejales españoles. Esa lista existe, el Ministerio de Política Territorial la tiene, pero “está creada para otros usos”, así que no quieren dárnosla.

Este tipo de situaciones las conocen bien en la ONG Access Info. Desde un rincón del centro de Madrid luchan por un acceso a la información completo, sin trabas y sin necesidad de justificaciones. Dan asesoramiento en (casi) todo el mundo, elaboran estudios y llevan casos hasta la Unión Europea si hace falta.

Piden también que se elabore una Ley de Acceso a la Información porque, aunque parezca mentira, España es de los pocos países desarrollados que no tiene una ley que regule este derecho. Albania, por poner, sí.

Lo cierto es que el Gobierno pretende sacar esa ley este año, pero será una ley ordinaria. Eso significa que el Gobierno no lo considera un derecho fundamental porque de lo contrario elaboraría una Ley Orgánica, como exigen desde Access Info.

Para dar fuerza a sus reclamaciones, Access Info ha constituido la Coalición Pro Acceso junto a otras ONG’s como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Pro Derechos Humanos. Voota también forma parte.

Defendemos 9 principios fundamentales que deberían ser recogidos por la nueva ley. Entre ellos:

• El derecho a la información es un derecho de todas y todos.
• Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
• Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.

Cualquier ciudadano puede firmar para mostrar su apoyo a estos principios y a los objetivos de la Coalición: una ley que garantice el derecho a saber de los ciudadanos.

Sin embargo, en descargo del ejecutivo hay que decir que la propia Constitución española no contempla el acceso a la información entre los derechos fundamentales amparados por el Título I.

Las directrices de la Unión Europea, en cambio, sí son claras, hasta el punto de que “aconsejan” a los Estados no preguntar para qué se quiere usar la información.

Se trata de una guerra perdida de antemano por las Administraciones y algunas, afortunadamente, se han dado cuenta.

Los gobiernos de EEUU y Reino Unido han creado sendas webs en la que liberan datos públicos, si bien es cierto que allí lo han hecho tras un amplio movimiento civil liderado por fundaciones como la Sunlight Foundation (EEUU) o Mysociety.org (RU).

En España, el gobierno vasco ha hecho el primer movimiento con la creación de Irekia. Aunque por ahora parece muy centrado en la propaganda institucional nace con buenas intenciones.

Además, empiezan a surgir iniciativas de la sociedad civil como Pro Bono Público, pero de lo que quieren y de lo que hacen en esta asociación te hablaremos muy pronto.